Se trata de un informe sobre la transición energética y que incluye un apartado sobre la inestabilidad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación advirtió que el sector energético estaría perdiendo importantes flujos de inversión ante la inestabilidad que ha experimentado constantemente la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Se trata de un estudio que titula: “Colombia y la Transición Energética”, que cuenta con 85 páginas. Este asegura que para lograr ese proceso es primordial atender la inestabilidad que presenta la Creg.
La procuradora, Margarita Cabello, contó que dicho estudio incluye reflexiones sobre una transición hecha a la medida del país. Añadió que este evidencia la necesidad de que el Estado analice y encuentre soluciones para consolidar la transición energética, buscando un balance entre el desarrollo económico, los asuntos sociales y la seguridad energética, junto con la necesidad de seguir trabajando por el medio ambiente.
En un apartado que habla sobre ese tema se argumenta que el analista de la economía, Salomón Kalmanovitz, explicó que “cada operación de mercado tiene detrás unos costos de transacción que pueden ser muy altos y aún prohibitivos, si el entorno legal y el de seguridad no son los adecuados”.
De ahí que para el ente control sea una preocupación la interinidad que se presenta en la Comisión de Regulación de Energía y Gas desde el 2023. Agrega: “Los diferentes gremios del sector de energía expresan su preocupación con la posible parálisis que se puede ocasionar en el sector por la falta de nombramiento de los comisionados”.
El rol de la Creg en el sector energético
Y es que la Creg es crucial para el sector energético. De esta depende la regulación del ejercicio de las actividades de los sectores de energía para asegurar la disponibilidad de una oferta eficiente, propiciar la competencia del sector, proponer la adopción de medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante, fijar las tarifas de venta de electricidad y expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de electricidad, entre otras.
El documento da cuenta que la Procuraduría realizó llamados al Gobierno en relación con los nombramientos en propiedad de los comisionados de esta entidad.
De hecho, el documento aseguró la Creg no contó con el mínimo de cuatro expertos comisionados para sesionar del 10 de octubre al 21 de noviembre de 2023; del 21 de febrero al 12 de abril de 2024; y del 12 de julio al 31 de julio del mismo año.
Por ello, agregó que“es imprescindible poner de presente la necesidad de que el presidente de la República continúe realizando las acciones necesarias para nombrar en propiedad a los comisionados expertos”.
Aseguró que la situación “de un entorno legal no adecuado, como el de la Creg, ha generado que los costos para realizar inversiones en el sector energético aumenten o se paralicen”.
Y citó que la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) señaló que la ausencia de regulaciones claras y la demora en nombramientos de expertos en la Creg han resultado en una inversión no realizada de cerca de $3 billones en el sector energético (a corte de agosto de 2024).
Si bien, a diciembre de 2024, la Comisión cuenta con los cuatro comisionados necesarios para la conformación de los quórums antes mencionados, lo cierto es que uno de ellos se encuentra en encargo.
Otras recomendaciones del informe
El informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios destaca la necesidad de abordar los desafíos en la generación, transmisión y distribución de energía en Colombia. En primer lugar, propone incrementar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, a la vez que se optimiza el uso de recursos no renovables como el gas natural y las plantas térmicas, esenciales para la estabilidad del suministro energético.
Además, se hace hincapié en la importancia de aprovechar el potencial energético nacional, promoviendo un consumo responsable y eficiente, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población y reducir la brecha energética.
El informe resalta la urgencia de reforzar la seguridad y autosuficiencia energética, enfocándose en garantizar la confiabilidad del sistema nacional sin comprometer la transición energética. Para ello, se debe planificar actividades económicas que reemplacen los ingresos de los combustibles fósiles, promoviendo nuevas industrias y asegurando estabilidad financiera y empleo en las comunidades afectadas por la transición energética.
Finalmente, se propone una serie de acciones para fortalecer la eficiencia de proyectos energéticos, como la promoción de energías renovables en comunidades con acceso limitado, la explotación de minerales estratégicos para la transición energética y la mejora de los mecanismos de coordinación institucional. También se sugiere replantear la estructura del sector energético, fortaleciendo las entidades responsables y creando nuevas agencias que impulsen proyectos estratégicos de energía.
Fuente:
